Hoy (6 de noviembre) se cumple el segundo plazo que el Municipio dio a los transportistas para mejorar la atención al usuario. El personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), encargada de los operativos tabulará los datos recopilados durante los operativos. Con ese resultado, junto con la Secretaría de Movilidad, se elaborará un informe para que el alcalde Mauricio Rodas tome una decisión, dijo Darío Tapia, secretario del ramo.
El Alcalde deberá analizar los datos para luego informar si se llevará a segundo debate el proyecto de ordenanza que fijará una política tarifaria en Quito y que establecería un incremento de la tarifa de transporte de 25 a 30 centavos. Rodas ha dado hasta el momento 60 días a los transportistas para demostrar que la calidad del servicio ha mejorado al punto de que se justifique un incremento en la tarifa. El Municipio también había asumido varios compromisos, entre ellos, mejorar la infraestructura y la señalización de las paradas de buses. Se sumó la capacitación de forma paulatina a choferes, cobradores, azafatas y personal administrativo de las compañías que prestan el servicio urbano. Tapia informó que el proceso para la firma del convenio con una universidad estaba casi completo y que lo más probable es que esta semana se concrete el proceso de capacitación al personal del volante.
Adelantó que la malla curricular está ya aprobada y contará con el aval de la Secretaría Metropolitana de Movilidad. Las clases versarán sobre varias temáticas, pero especialmente sobre conducción a la defensiva, capacitación en el área psicológica y tendrá un seguimiento sobre los requisitos que un conductor debe tener para contar con una licencia profesional en el país. La Secretaría solicitó que las clases se dicten en las noches y en los fines de semana para no afectar las actividades diarias de los conductores. Según Jorge Yánez, gerente de Translatinos, el Estado tiene la responsabilidad -por ley- de capacitar a la ciudadanía en temas de movilidad.
Por eso considera que la capacitación del Municipio al gremio debió arrancar mucho antes. Incluso recordó que en principio, Rodas había dicho que el convenio para este fin se haría con la Universidad San Francisco, pero la firma no se ha concretado hasta el momento. Por eso, las operadoras han buscado sus propios planes de capacitación a través de escuelas de conductores y de instituciones contratadas. Translatinos, por ejemplo, inició un nuevo ciclo el 30 de septiembre, con una evaluación a sus 128 conductores para dividir grupos según los resultados que obtengan en pruebas teóricas y psicosensométricas (para medir audición, destrezas y agudeza visual).
Aneta está a cargo tanto de la evaluación como de los cursos. La AMT reforzó los operativos con fedatarios, que vigilan que los choferes den un servicio de calidad en Quito. Lo hacen sin uniforme para evitar que los transportistas se den cuenta de la vigilancia. Las cifras que estos controles arrojen servirán para el informe que derivará en la decisión del Alcalde sobre los pasajes. Esta sería la primera revisión de tarifa en Quito desde el 2013, cuando se fijó en 25 centavos en el área urbana. Tiempo atrás, en otras ciudades como Guayaquil, Manta o Esmeraldas, el pasaje ya subió a 30. Según registros históricos de este Diario, el pasaje costaba 2,50 sucres en 1982 y subió paulatinamente por decisiones gubernamentales producto de la inflación o la devaluación de la moneda y también por presiones del gremio.
El pasaje llegó a costar 1 000 sucres para el servicio popular y 3 000, solo sentados. Y al iniciar la dolarización subió de 8 a 14 centavos de dólar el popular y el especial pasó de 12 a 20. En 1998, por ejemplo, los transportistas anunciaron un paro que no se concretó porque llegaron a un acuerdo con el Gobierno. Las protestas estudiantiles en las últimas décadas por la tarifa del pasaje dejaron decenas de detenidos y en 1995 incluso causaron la muerte de un estudiante del Colegio Juan Montalvo, de Quito. El gremio dejó de trabajar durante casi un día en agosto pasado, pero la medida terminó con transportistas detenidos y ningún acuerdo.
EL COMERCIO
