Mes: noviembre 2016

El subsidio al transporte público en Quito está en estudio

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Mantener la tarifa del transporte público en USD 0,25 demanda de una inversión económica. Aunque los usuarios no sienten, directamente, este costo, para subsidiar la tarifa real en el transporte convencional urbano, la ciudad invierte USD 20 millones. Además, se destinan USD 40 millones para la operación de la Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros; entidad que administra la operación del Trole, Ecovía y de los tres corredores.
Para analizar la continuidad o no de la entrega de estos recursos, está en marcha en el Cabildo un proceso para actualizar el pasaje del transporte urbano, rural, combinado, Trolebús, Corredor Oriental, Corredor Sur Occidental y Corredor Central Norte. Para esto, la Secretaría de Movilidad deberá presentar en junio una propuesta de Ordenanza que permita establecer una política tarifaria. Si esta propuesta tiene acogida en el Concejo, el pasaje en los buses se actualizaría en función de parámetros técnicos como: costos de operación, rentabilidad, demanda de pasajeros, gastos administrativos, sistemas tecnológicos. También se incluirán indicadores de calidad.

Los USD 0,25 que se pagan en el transporte público en Quito es una de las tarifas más baratas de las ciudades de Suramérica. Este monto es el tercero más bajo. En la revisión de las tarifas está planificado que participen transportistas, autoridades, usuarios, especialistas. Estos aportes servirán como insumo para la elaboración del proyecto de Ordenanza, precisó Eddy Sánchez, concejal de MASS y presidente de la Comisión de Movilidad. En esta semana se realizarán reuniones con los representantes del sector para conocer detalles de la consultoría sobre la estructuración del modelo tarifario. Luego se convocarán a mesas de diálogo sobre índices de calidad, tarifa técnica y participación ciudadana.
La aspiración de los transportistas es que el tratamiento de la Ordenanza concluya en julio del presente año para no afectar a la operación del servicio. El convenio que permite entregar las compensaciones vence a fines de junio próximo. En esta discusión Renata Moreno, concejala de Vive, expresó que en el Concejo se deberá considerar la realidad social para evitar que una posible alza tenga un impacto negativo en los usuarios.
Los recursos económicos destinados al transporte público son recursos de la ciudad, que constan en el presupuesto municipal. Mediante estos valores se solventa, en parte, la diferencia de la tarifa de este servicio que está congelada hace unos 14 años, precisó Sergio Garnica, concejal independiente e integrante de la Comisión de Movilidad. Los cerca de USD 60 millones invertidos representan, por ejemplo, cuatro intercambiadores De la Granados. Esta obra inaugurada en marzo pasado costó 15 millones. Aunque la entrega de estos recursos a los transportistas urbanos ha permitido mantener la tarifa en USD 0,25, para el sector este reconocimiento no resulta suficiente. “Los 25 centavos son insatisfactorios para los gastos que asumimos.
La compensación económica ajusta pero tampoco satisface”, sostuvo José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte del Distrito Metropolitano de Quito. La entrega de compensaciones de USD 450 o 1 000 se realiza de manera mensual, en función del cumplimiento de índices de calidad. Pero no todos cumplen con este requisito. La Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros, en cambio, requirió de USD 40 millones para cubrir los costos de operación del 2017. Esto implica, entre otros, el mantenimiento de la infraestructura, de flota nueva y de la antigua.
En ambos casos, por tratarse de empresas privadas o municipales que brindan un servicio a los ciudadanos, Daniela Chacón, concejala independiente e integrante de la Comisión de Movilidad, justificó la entrega de estos valores. “Los servicios de transporte público aquí y en todas partes del mundo son subsidiados”. Por esto, la edil consideró importante que en el Cabildo se transparente la información para conocer cuánto cuesta, realmente, operar estas unidades. Esto permitirá fijar una política tarifaria y determinar, en el caso que se requiera, la entrega de subsidios con mayor responsabilidad.
En Quito, a diferencia de otras ciudades, se debería considerar la realidad económica y las necesidades de la urbe para no centrar los gastos en un solo ámbito, enfatizó César Arias, consultor en Movilidad. Los recursos que se destinan para subsidiar el costo del pasaje se podrían destinar, según Arias, a mejoras en la infraestructura vial, en la recolección de la basura. “Estudios determinan que un 80% de los usuarios está en condiciones de asumir un posible incremento de la tarifa”.

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Capacitación a conductores será con una universidad

Hoy (6 de noviembre) se cumple el segundo plazo que el Municipio dio a los transportistas para mejorar la atención al usuario. El personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), encargada de los operativos tabulará los datos recopilados durante los operativos. Con ese resultado, junto con la Secretaría de Movilidad, se elaborará un informe para que el alcalde Mauricio Rodas tome una decisión, dijo Darío Tapia, secretario del ramo.
El Alcalde deberá analizar los datos para luego informar si se llevará a segundo debate el proyecto de ordenanza que fijará una política tarifaria en Quito y que establecería un incremento de la tarifa de transporte de 25 a 30 centavos. Rodas ha dado hasta el momento 60 días a los transportistas para demostrar que la calidad del servicio ha mejorado al punto de que se justifique un incremento en la tarifa. El Municipio también había asumido varios compromisos, entre ellos, mejorar la infraestructura y la señalización de las paradas de buses. Se sumó la capacitación de forma paulatina a choferes, cobradores, azafatas y personal administrativo de las compañías que prestan el servicio urbano. Tapia informó que el proceso para la firma del convenio con una universidad estaba casi completo y que lo más probable es que esta semana se concrete el proceso de capacitación al personal del volante.
Adelantó que la malla curricular está ya aprobada y contará con el aval de la Secretaría Metropolitana de Movilidad. Las clases versarán sobre varias temáticas, pero especialmente sobre conducción a la defensiva, capacitación en el área psicológica y tendrá un seguimiento sobre los requisitos que un conductor debe tener para contar con una licencia profesional en el país. La Secretaría solicitó que las clases se dicten en las noches y en los fines de semana para no afectar las actividades diarias de los conductores. Según Jorge Yánez, gerente de Translatinos, el Estado tiene la responsabilidad -por ley- de capacitar a la ciudadanía en temas de movilidad.
Por eso considera que la capacitación del Municipio al gremio debió arrancar mucho antes. Incluso recordó que en principio, Rodas había dicho que el convenio para este fin se haría con la Universidad San Francisco, pero la firma no se ha concretado hasta el momento. Por eso, las operadoras han buscado sus propios planes de capacitación a través de escuelas de conductores y de instituciones contratadas. Translatinos, por ejemplo, inició un nuevo ciclo el 30 de septiembre, con una evaluación a sus 128 conductores para dividir grupos según los resultados que obtengan en pruebas teóricas y psicosensométricas (para medir audición, destrezas y agudeza visual).
Aneta está a cargo tanto de la evaluación como de los cursos. La AMT reforzó los operativos con fedatarios, que vigilan que los choferes den un servicio de calidad en Quito. Lo hacen sin uniforme para evitar que los transportistas se den cuenta de la vigilancia. Las cifras que estos controles arrojen servirán para el informe que derivará en la decisión del Alcalde sobre los pasajes. Esta sería la primera revisión de tarifa en Quito desde el 2013, cuando se fijó en 25 centavos en el área urbana. Tiempo atrás, en otras ciudades como Guayaquil, Manta o Esmeraldas, el pasaje ya subió a 30. Según registros históricos de este Diario, el pasaje costaba 2,50 sucres en 1982 y subió paulatinamente por decisiones gubernamentales producto de la inflación o la devaluación de la moneda y también por presiones del gremio.
El pasaje llegó a costar 1 000 sucres para el servicio popular y 3 000, solo sentados. Y al iniciar la dolarización subió de 8 a 14 centavos de dólar el popular y el especial pasó de 12 a 20. En 1998, por ejemplo, los transportistas anunciaron un paro que no se concretó porque llegaron a un acuerdo con el Gobierno. Las protestas estudiantiles en las últimas décadas por la tarifa del pasaje dejaron decenas de detenidos y en 1995 incluso causaron la muerte de un estudiante del Colegio Juan Montalvo, de Quito. El gremio dejó de trabajar durante casi un día en agosto pasado, pero la medida terminó con transportistas detenidos y ningún acuerdo.
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